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Fuente: www.talcualdigital.com

(Waka Noticias. Puerto Ayacucho, 02/10/2019).- El gobierno, que anteriormente se enorgullecía de ajustar el ingreso de manera frecuente, ha dejado a un lado los anuncios salariales en los últimos cinco meses, a diferencia del año pasado, cuando tres de los seis aumentos, que aun así no recuperaron el poder adquisitivo pulverizado por la hiperinflación, fueron anunciados entre abril y septiembre. Entretanto, ha otorgado bonos, de unos montos cada vez más altos, a través del sistema patria.

“La clase trabajadora sabe que la revolución no descansa para proteger sus ingresos. La revolución ha decretado no menos de 47 aumentos salariales en estos 18 años, y seis en el último año”, se vanaglorió Nicolás Maduro ante la oficialista Asamblea Constituyente el 14 de enero de este año, cuando anunció el primero de los dos únicos incrementos salariales que el gobernante ha decretado en 2019, al menos hasta el mes de septiembre.

En abril de 2018 el gobierno elevó el salario mínimo de 392.646 a 1 millón de bolívares del cono monetario anterior, lo que representó un incremento de 154%. Solo dos meses después, en junio, Maduro decretó un alza salarial de 200% que subió el sueldo base a 3 millones de bolívares.

La noche del 17 de agosto, el gobernante anunció el exorbitante aumento de 5.900% para “defender” el salario de los venezolanos, una de las 10 promesas de Maduro para sacar al país de la crisis con su “Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, puesto en marcha el 20 de agosto de 2018 con la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. El alza aumentó el ingreso a 180 millones de bolívares, que sin los cinco ceros que le quitó a la moneda el ingreso quedó en 1.800 bolívares.

En cambio, desde abril de 2019, cuando el gobierno subió el sueldo base que estaba en 18.000 bolívares, los trabajadores públicos y los pensionados, reciben al mes 40.000 bolívares, monto que actualmente ronda los dos dólares y que no alcanza para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos, que en el mercado se consiguen en 68.000 y 82.000 bolívares, respectivamente.

A partir de julio con el bono especial de independencia, los bonos equiparon e inclusive superaron los 40.000 bolívares del sueldo base vigente desde hace solo tres meses atrás.

Economistas afirman que el gobierno no aumenta el salario por el “ajuste” fiscal que está llevando a cabo al reducir en términos reales el gasto para intentar cerrar un poco la brecha fiscal y que ceda la inflación.

Según el diputado y economista Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), pareciera que el gobierno “está privilegiando resolver el tema inflacionario y por eso evita hacer aumentos salariales”. Señala que los bonos, aunque también impactan en el gasto público, tienen una menor incidencia inflacionaria.

Añade que las personas que no son afectas al oficialismo pero que sí están registradas en el sistema patria, igualmente “son susceptibles al control político”.

Luis Vicente León, economista y presidente de la consultora Datanálisis, coincide con Alvarado al afirmar que los bonos, que les llega al 60% de la población, sirven como mecanismo de ayuda, pero también de control social, igual que las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de subsidio que se ha vuelto imprescindible en los hogares más vulnerables.

En julio, el presidente Nicolás Maduro aseguró que a través del carnet de la patria el gobierno ha otorgado más de 70 millones de bonos.

“El 56% de los bonos permanentes que recibe nuestro pueblo como parte del apoyo y el financiamiento para la familia en medio de la guerra económica se pagan a través del carnet de la patria y del Banco de Venezuela”, dijo el gobernante el 3 de julio en la sede principal de esa entidad, donde ordenó a Tareck el Aissami, vicepresidente del Área Económica, implementar los mecanismos para que “el pueblo pueda utilizar el carnet de la patria como herramienta de pago de bienes y servicios”.

Cerca de ocho millones de venezolanos dependen directamente del sector público, entre empleados, pensionados y personas que reciben algún tipo de bono, pero los montos que reciben son extremadamente bajos en comparación con lo que deberían tener para comprar, afirma el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.

El experto también sostiene que el gobierno recortó gastos para controlar la inflación, que sin embargo en julio recuperó su tendencia alcista al subir de 24,8% a 33,8% y en agosto duplicó la tasa del mes anterior (65%), según cálculos de la Asamblea Nacional. Aun así, no son “tasas monstruosas” cercanas e incluso superiores a 200% como las que se registraron el año pasado.

No obstante, señala que esa estrategia pública para controlar la inflación ya está llegando a sus límites. “Semanalmente nos movíamos entre inflaciones de 20% y 30%, ahora en torno a 10%. Pero le cuesta mucho al gobierno reducir la inflación por debajo de 10%. Prácticamente es el máximo esfuerzo que pueden hacer porque claro, tú no puedes tener gasto cero. Hay sueldos, pensiones y bonos que pagar”, agrega.

Liborio Guarulla

Luoly CA