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Un panorama que no brilla. La creación del Arco Minero de Venezuela en el 2016 buscó mejorar la economía del país y traer bienestar, tras la caída del precio del petróleo. Pero la "fiebre del oro" ha traído violencia, amenazas a las culturas indígenas y destrucción de la biodiversidad.

En el 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte del Estado de Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco. En este territorio, denominado precisamente el Arco Minero del Orinoco —o Arco Minero de Venezuela— empresas nacionales y extranjeras pueden hoy explotar legalmente coltán, oro y diamante.

Con esta decisión, el gobierno venezolano le abrió las puertas al desarrollo de la minería en un 12 % del territorio nacional, con la esperanza de que esta actividad sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado.

Desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión. Para este grupo el gobierno venezolano no cumplió con realizar un estudio de impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni la consulta previa a los pueblos indígenas, como manda la Constitución.Otra razón en contra ha sido el impacto ambiental negativo que las actividades extractivas en el Arco Minero de Venezuela ocasionarían en las cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera, pues todas ellas se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.

Luego de entregar las concesiones, el gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, prohibiendo el uso del mercurio y aseguró que los recursos obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas por estas actividades, y que la explotación en el Arco Minero de Venezuela se haría respetando a las personas y al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es muy diferente.

1. ¿Cómo funciona el Arco Minero de Venezuela?

En ciudad Bolívar, existen mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin embargo gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.

Pero la explotación en el Arco Minero de Venezuela comenzó hace casi treinta años, cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil a principios de los años 90. La deforestación que han causado por su afán de extraer oro ha sido tremenda, explican los expertos que han estudiado los efectos de la minería en esta zona, pues para conseguir el metal se utilizan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y de ancho. El fango que extraen lo someten al mercurio para conseguir las pepitas de oro. Y así van abriendo estos agujeros que luego quedan contaminados por este metal pesado.

El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.

Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún son extorsionados por bandas ilegales que controlan las zonas mineras y también por algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.

Las Claritas es el nombre de una de estas zonas —situada en el estado de Bolivar— que es invadida diariamente por mineros ilegales. Estos llegan de todos lados y entre ellos se ven muchos rostros indígenas. Las Claritas actualmente está controlado por grupos armados ilegales llamados “pranes”.

Aunque Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería y aunque está fuera del Arco Minero de Venezuela, el Estado ya ha sido ocupado por entre 10 000 y 12 000 mineros ilegales. Cifra que está aumentando porque la ocupación de las grandes empresas y del ejército en las áreas ricas en minerales de Bolívar, los obliga a buscar otros espacios, explica Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas.

2. Los bosques que se pierden

De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.

Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares (Panthera onca), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla), además de que alberga la cascada de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel.

La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3 800 000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96 000 kilómetros cuadrados). Los ecologistas están especialmente preocupados pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.

3. La presencia de los indígenas

En el Estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas, que se han se han visto empujadas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero de Venezuela, impulsadas en gran medida por el índice de inflación. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante.Las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.

Uno de los puntos más criticados por quienes se oponen a la minería es que las comunidades indígenas dentro del Arco Minero de Venezuela no han sido consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus territorios. No se les ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.

Algunas ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.

El ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países, explica Brian Clark, líder indígena en Jobochirima, una comunidad cerca de Las Claritas.

En el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los Estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena de esta zona, observaba cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a crear una red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.

Henrito sostiene que las fuerzas militares del Estado suelen ser cómplices de los proyectos de minería ilegales en su región. Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas e indígena, dice que 20 comunidades indígenas ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su Estado.

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