Desde el inicio del presente año escolar diferentes ONG’s y asociaciones de padres vienen denunciando el preocupante aumento de la deserción escolar en el país como consecuencia de la crisis económica.

El 18 de marzo está marcado en el calendario venezolano como el día para darle reconocimiento e inclusión de los niños y niñas de los pueblos originarios, con la conmemoración del Día Nacional del Niño Indígena.

El Observatorio de Derechos Humanos de Kapé Kapé considera propicia la fecha para alzar su voz en demanda de medidas especiales para que los niños y niñas indígenas ejerzan su derecho a la educación en las mismas condiciones que el resto de la población infantil, instando a los organismos del Estado  a implementar servicios de educación que:

1) consideren y respeten las características culturales de esta población,

2) promuevan la valoración cultural originaria,

3) garanticen la construcción y funcionamiento de instalaciones escolares incluso en las comunidades de difícil acceso.

La Red de Padres y Representantes ha advertido el aumento de la cantidad de niños que no van a clase por no tener nada que comer en casa, estar acompañando a sus padres a hacer cola o incluso trabajando para ayudar en el hogar.

En el contexto socio económico actual, es necesario que el Estado garantice la alimentación a todos los niños de las escuelas públicas, tal y como ha sido su bandera en los últimos años en los que este beneficio se venía prestando de manera casi regular con sus excepciones.

Considerando que según las estimaciones de organizaciones internacionales como Unicef y la Cepal, en los niños indígenas el patrón de desigualdad es 3 veces mayor que en los niños criollos, resulta urgente la generación de medidas tendientes a garantizar sus derechos.

No en vano a finales del 2016 Kapé Kapé advertía sobre los resultados de un estudio realizado por el Centro Gumilla que indicó que el 80% de los niños indígenas en edad escolar está fuera del sistema educativo, por carencia de algún implemento de vestir como calzados, pantalón o camisas.

De igual manera hemos detectado que el sistema educativo indígena en Delta Amacuro no cuenta con la plantilla completa de docentes, el deterioro de varias escuelas en el municipio Antonio Díaz y la pérdida del año escolar 2015-2016 en las escuelas interculturales bilingües de la entidad.

Más al sur del país la realidad no es diferente, la infraestructura educativa en las comunidades indígenas pemón del municipio Gran Sabana en Bolívar ha pasado por 10 años de deterioro acumulativo.

La población estudiantil ha crecido, pero no así la oferta de cupos. Estas realidades de deterioro de lo existente y la necesidad de nuevas plantas físicas inciden directamente en el irrespeto al derecho a la educación de los niños y jóvenes de la zona.

Hoy en día más de 5000 estudiantes ven clases en situación de hacinamiento, salones sin techo o sin paredes, baños sin funcionar y hasta salones compartidos en el mismo turno, como el caso de las escuelas  Manacas, Río Ventuari, Menca de Leoni, Puerto Ayacucho y Simón Bolívar en el estado Amazonas.

Esta situación habla de una violación a los derechos de la niñez, a la supervivencia, desarrollo e inclusión social.

Venezuela tiene la tasa más alta de privación en el acceso a la educación de los niños indígenas en América Latina, superando el 30% de los niños, según cifras de la Cepal y Unicef.

 En este contexto, el Observatorio de Derechos Humanos de Kapé Kapé insiste en la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación de los niños indígenas, que según el artículo 74 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas lo compromete garantizarles “el derecho a su educación propia como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades”.

Por Diario Guayana